Biblioteca de documentos

Los funcionarios de prisiones tienen la obligación, en virtud de la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, de proteger a todos los reclusos de los abusos y las agresiones sexuales, evaluando los riesgos particulares a los que se enfrenta cada recluso y adoptando medidas razonables para mantenerlos a salvo.

No proporcionar atención médica individualizada y adecuada a los reclusos que sufren disforia de género viola la prohibición de la Octava Enmienda de aplicar castigos crueles e inusuales.